REPORTAJE: Impunidad, un eje de la violencia

Ya sea 48 homicidios por cada 100 mil habitantes o 60, como se han disputado las autoridades nacionales y organizaciones no gubernamentales durante los últimos años, el problema de la violencia en el país es de suma gravedad, como lo han reconocido las dos partes interesadas en encontrar respuestas favorables para el mismo, la policía científica y el Ministerio Público.

“En la medida que tengamos la posibilidad de hacer frente común ante este fenómeno de la violencia, además, de poder abordar de manera integral sus causas y lograr de raíz resolver y garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, vamos a seguir avanzando y venciendo en este frente de batalla”, reconoció el mismísimo ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, cuando puso en marcha el eje de homicidios del estado Aragua, el 16 de mayo de 2012.

Y hace apenas tres semanas, el responsable de la cartera de seguridad de la nación indicó —a modo de confesión— que a pesar de los múltiples esfuerzos no han logrado bajar el piso de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Hemos logrado revertir en los últimos años los principales delitos a nivel nacional, excepto el delito de homicidio, que se ha mantenido. No hemos podido romper ese piso duro de 48 muertes por cada 100.000 habitantes”, dijo en una rueda de prensa, donde indicó que solo en el mes de enero mil 347 personas perdieron la vida de manera violenta.

A lo largo del primer semestre del 2012 se contabilizaron mil 210 homicidios solo en el Área Metropolitana de Caracas, de los cuales fueron esclarecidos cerca del 30% —según fuentes oficiales—, lo que no significa que estén detenidos cada uno de los implicados en estos hechos.

“Hay expedientes en los que se tiene plenamente identificado a los delincuentes, y se han girado las respectivas órdenes de captura tramitadas por los fiscales y acordadas por los tribunales de control”, afirmó un funcionario de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no se ha consolidado la captura.

En el caso de Caracas los meses de febrero, marzo y mayo fueron los más violentos del primer semestre, sobrepasando cada uno los 200 homicidios. Mayo fue el que registró el pico más alto con 270 crímenes, revelaron fuentes.

Son estas cifras las que hacen coincidir a casi todas las encuestas del país con que es la seguridad el principal problema para los venezolanos. El Gobierno, desde enero dio inicio al plan piloto de los llamados Ejes de Homicidio. El primer escenario fue el Área Metropolitana de Caracas.

Esta propuesta se expandió en cuatro meses a tres estados del país: Miranda, Carabobo, Aragua y Zulia, consideradas estadísticamente como las entidades que presentan los más altos índices de criminalidad.

El plan nació con la tarea de enfrentar los elevados niveles de impunidad que existen en el país, calculados —por organizaciones como Cofavic— en 92%, lo cual equivale a la resolución de menos de 10 casos por cada 100 homicidios, tal situación atenta contra la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, según señaló en su oportunidad Liliana Ortega, directora de esta ONG.

Los primeros resultados obtenidos a seis meses de la implementación del proyecto constatan lo que otros estudios del Gobierno nacional han señalado: La principal causa de muerte en estos cinco estados está vinculada con el enfrentamiento entre bandas y no a la inseguridad propiamente.

“Las autoridades tienen una función fundamental por delante, el problema que vive el país es de violencia, falta de prevención, tiene que atacarse la Constitución de bandas que pelean entre ellas para ejercer el control de determinadas zonas y, así obtener el botín que deja la venta y distribución de sustancias estupefacientes”, explicó un funcionario del Ministerio Público.

Es esta condición la que hace inferir a la fuente que la mayoría de los homicidios ocurridos en el país no responden netamente a la inseguridad, como sí lo hace, por ejemplo, el notorio auge del secuestro, sino al problema de la proliferación de organizaciones criminales.

“Mientras nosotros metamos a 20 personas presas por incurrir en homicidios, hay 20 más entrando a las bandas, así no estamos haciendo nada, es necesario que se activen planes municipales de cooperación preventiva”, indicó la fuente.

A 180 días del arranque oficial de este nuevo esquema de trabajo y de abordaje en la investigación de homicidios ha quedado constancia de los errores cometidos en los planes anteriores, fallas que según los mismos funcionarios consultados podían ser atribuidas, entre otras cosas, a la falta de apoyo entre el Cicpc y el propio Ministerio Público, ente responsable de dirigir la investigación.

También reconocieron la carencia de equipos necesarios para llevar a cabo una investigación. Esto es desde vehículos para movilizar a los investigadores hasta material criminalístico para realizar las experticias debidamente desde el mismo sitio de los sucesos.

“Quizás fue algo tardío, aunque es bienvenido, porque no es falso que aquí se trabaja con las uñas, las persecuciones se hacen o se dejan de hacer por tener que utilizar los vehículos particulares de los funcionarios”, dijo un investigador bajo anonimato.

Para saldar esos “inconvenientes” el plan incluyó la dotación de los funcionarios con 56 motocicletas, 36 camionetas Hilux, 60 radios portátiles y 78 computadoras, así como 300 maletines de criminalística, explicó el comisario José Humberto Ramírez, director del Cicpc, al canal Venezolana de Televisión.

Pero aunque para blindar el proyecto se tomó en consideración los elementos materiales, para trabajar con ellos quedaron los mismos 28 fiscales del Ministerio Público preparados en materia criminalística y los 756 funcionarios de la policía científica expertos en la resolución de homicidios.

Entre ambos organismos existe una nueva relación que debiera permitir un mayor blindaje en las investigaciones a la hora de armar los expedientes, porque la coordinación es directa.
“Ahora la policía científica sube a los cerros, el número de allanamientos se ha incrementado de manera importante y los fiscales se ensucian los zapatos”, destacó otro investigador.

Este equipo se mantendrá al frente del proyecto, con leves variaciones, para el segundo semestre del año. Los responsables esperan que los primeros seis meses permitan hacer los ajustes necesarios para obtener éxitos por igual en los cinco ejes constituidos a nivel nacional.
Cifras preliminares indican que los mejores números se han alcanzado en la región central: Distrito Capital y Miranda, y donde menos frutos se ha recogido ha sido en Zulia, donde se activaron dos puntos del eje en el mes de marzo.

En el estado occidental se registraron 401 homicidios (2,2 por día) durante el primer semestre del año, según fuentes vinculadas con las investigaciones. “El factor territorial y la falta de más recursos están influyendo en estos resultados”, indicó uno de los funcionario vinculados al proyecto.

Hasta el momento Zulia dispone de solo tres fiscales y 60 funcionarios y Carabobo y Miranda de apenas cuatro fiscales y 80 funcionarios. Para equiparar los esfuerzos y los logros de Caracas es necesario incrementar al doble el número de hombres implicados en el proyecto en estos tres estados.

El criminólogo Javier Gorriño considera muy válida la reestructuración de las jurisdicciones de la principal policía de investigación del país en función de los sectores con mayor conflictividad delictiva, dependiendo del delito a atacarse, ya que las reorganizaciones realizadas con anterioridad se hicieron en torno al crecimiento de la población.

Sin embargo, el experto estima que la creación de estos ejes lesionó de manera fundamental la estructura de las subdelegaciones y de algunas divisiones del Cicpc, ya que debilitaron otros espacios de investigación, al sacar hombres de estas dependencias e integrarlos a las nuevas figuras constituidas.

El especialista admitió que la estructuración permitirá obtener los resultados deseados, pero duda que el proyecto pueda sostenerse en el tiempo, porque “está concebido como un operativo”.

“El problema es más de fondo, hay que ir más allá de estos operativos para tratar de esclarecer el mayor número de casos de un delito determinado, hace falta fortalecer el conjunto de la investigación criminal, fortalecer la Fiscalía, el Poder Judicial, el Cicpc en cuanto a recursos, tenemos los mismos hombres de los últimos 10 o 15 años y el delito ha crecido exponencialmente”, sentenció el experto.

El comisario José Humberto Ramírez, director de la policía científica, responde, sin embargo, que la creación de estos ejes de homicidio es producto de varios estudios estadísticos y el objetivo primordial es “fortalecer la división contra homicidios para luchar contra la impunidad”.

Es justo que esa sea la principal preocupación si las estadísticas oficiales indican que el 70% de los crímenes en este país no se resuelve judicialmente.

En esta tarea el directivo de la policía científica reconoció el trabajo de los fiscales en competencia de homicidios del Ministerio Público, que “están dedicados de manera exclusiva a la investigación, pues hemos logrado disminuir la impunidad".

Los expertos implicados aplauden los esfuerzos y reconocen los estudios realizados para la activación de este proyecto. Pero escucharan los aplausos de la colectividad cuando los resultados se masifiquen en todo el país.

“Aquí no se improvisó nada”, concluyó un fiscal del Ministerio Público, quien hizo un enérgico llamado a despolitizar los proyectos de seguridad para obtener los resultados deseados y el bien común de la ciudadanía.